Recupera tu Tranquilidad Financiera

Es un régimen legal previsto en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012, artículos 531 y siguientes), modificado por la Ley 2445 de 2025, que permite a una persona que no ejerce actividad comercial (y, en los casos que prevea la ley, a pequeños comerciantes) reorganizar sus deudas mediante una negociación con sus acreedores, la validación de acuerdos o, si no es viable, una liquidación patrimonial ordenada.

En general, la persona natural no comerciante que se encuentre en cesación de pagos, es decir, que haya incumplido obligaciones con dos o más acreedores durante el tiempo que fija la ley, o que tenga en su contra dos o más procesos ejecutivos o de cobro coactivo, en los términos y porcentajes que fija la ley. En la asesoría inicial verificamos si tu caso cumple los requisitos.

Una vez el operador de insolvencia acepta la solicitud, la ley prevé que no puedan iniciarse nuevos procesos ejecutivos y que se suspendan los que están en curso, con las excepciones legales (por ejemplo, ciertos procesos por alimentos). La suspensión del proceso no implica el levantamiento automático de los embargos ya practicados: su suerte se define en el acuerdo o en la liquidación, según el caso.

La negociación de deudas y la convalidación de acuerdos se tramitan ante un operador de insolvencia (centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia o notarías), y la liquidación patrimonial ante el juez civil competente.

En la negociación de deudas, en principio, conservas tus bienes y el acuerdo define cómo se atienden las obligaciones. En la liquidación patrimonial los bienes pueden destinarse al pago de los acreedores, salvo los que la ley declara inembargables. Por eso analizamos tu patrimonio antes de recomendarte un camino.

Son una figura que, en determinados casos, permite llegar a acuerdos privados con uno o algunos acreedores y luego validarlos dentro del proceso, lo que puede ofrecer soluciones más ágiles. Su procedencia depende de cada situación.

Si la negociación fracasa o el acuerdo se incumple sin posibilidad de reforma, la ley prevé el paso a la liquidación patrimonial. Terminada la liquidación, los saldos insolutos de las obligaciones incluidas dejan de ser exigibles judicialmente (se convierten en obligaciones naturales), con las excepciones previstas en la ley.

La ley regula cómo se informa el inicio y el resultado del proceso a los operadores de información financiera. En la asesoría te explicamos los efectos concretos en tu historial crediticio y los tiempos aplicables a tu caso.

La Ley 1116 de 2006 establece el régimen de insolvencia empresarial en Colombia y contempla mecanismos de reorganización y liquidación judicial. La reorganización busca facilitar un acuerdo con los acreedores que permita atender las obligaciones de la empresa y, cuando sea viable, preservar su operación y continuidad, mientras se protege el patrimonio dentro de las condiciones establecidas por la ley.

Sí. La Ley 2437 de 2024 incorporó y fortaleció mecanismos de recuperación empresarial que permiten, según las circunstancias de cada empresa, negociar y reorganizar sus obligaciones con los acreedores sin acudir necesariamente a un proceso de reorganización judicial, buscando facilitar la recuperación y continuidad de la actividad empresarial.